Por Raúl Magnasco
Alcanzarían 3300 millones por año para construir muchos hospitales pediátricos, centenares de escuelas o proveer de alimentos a miles de comedores infantiles. Desde el 2005, cuando se creó la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, los argentinos gastamos todos los años un importe similar en un organismo que poco parece haber logrado en mejorar la condición de los más vulnerables.
Adicionalmente, el Gobierno de Mauricio Macri destinará 50 millones más para la nueva oficina del Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes, una figura creada en la vieja ley, pero que hasta el momento nunca se implementó.
Para quienes estamos acostumbrados a transitar en el barro del Conurbano Bonaerense, ayudando a las madres y niños más vulnerables, como quien suscribe estas líneas, nos topamos con una realidad alejada de tales cifras descomunales, que tal vez por burocracia, corrupción o desidia, nunca se convierten en ayuda real.
Pero lejos de la cruda realidad social y de la desnutrición infantil que golpea sin tregua, y más aún de la burocracia y de la percepción de corrupción, nuestro país dispone de un compendio normativo muy avanzado en materia de protección de derechos humanos, base inequívoca del desarrollo futuro. Así por ejemplo, la misma ley 26.061 (que crea la figura del defensor) tutela como primer derecho de los niños, el derecho a la vida (artículo 8), y todos los tratados Internacionales, que forman parte de la Constitución Nacional de 1994, protegen la vida del niño, comprendida desde el momento de la concepción, algo que asimismo se plasmó recientemente en el nuevo Código Civil de nuestro país.
Paradójicamente, para la preselección del postulante al importantísimo cargo vacante de defensor de los niños, quien tendrá la responsabilidad de administrar los 50 millones anuales, se conformó una comisión bicameral compuesta casi en su totalidad por legisladores de inclinación abortista, cuyo triste resultado no sorprendió a nadie, a pesar de las múltiples impugnaciones que pesan sobre ella: otra abortista. La preselección de Marisa Graham y su equipo de asistentes sindicados de inclinación pro aborto desencadenó un incendio de repudios y alertas que concluyeron con una declaración posterior, donde ella misma admitió ante la prensa que solo protegería los derechos de los niños provenientes de «embarazos que quieran llegar a término».
Se sabe que la ayuda en manos del Estado suele estar cargada de ineficiencia y falta de capacidad para llegar a los más necesitados, pero si desde el minuto uno el Estado consiente en asignar cargos importantísimos a quienes por su condición se encuentran inhabilitados para ejercer determinado cargo público, a quienes han confesado no representar fielmente a quienes debería proteger, como país estamos condenados al fracaso, no solo económico, sino también humano.
Una vez más el Congreso Nacional detenta la noble pero indelegable tarea de velar por el buen cumplimiento de la designación acorde al desafío del cargo, con la responsabilidad del deber de evitar que los niños más vulnerables queden desprotegidos ante la irregularidad de una postulante discriminadora confesa.