Por Ana Valoy

¿Qué es? Basado en el fallo FAL de la Corte del año 2012, el Ministerio de Salud de la Nación publicó en 2015 el “Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (Protocolo ILE)”, el cual CARECE de validez jurídica, pues no es una Resolución Ministerial, no es una Ley, no es un Decreto, es simplemente un link en el sitio oficial del Ministerio de Salud. (Muchos juristas, han explicado ya, que la Corte Suprema de Justicia, NO legisla; eso excede sus competencias; sólo falla para un caso en particular.)
¿Qué hace? Estandariza las prácticas abortivas, en los casos en los que el aborto es NO punible, ni para la mujer, ni para quien lo practica. Aclaración: El ABORTO ES UN DELITO, pero el Código Penal en el art. 86 establece causales de excepción; sigue siendo ilegal abortar, pero en esos casos no se da una pena. No significa que sea LEGAL, es delito, no punible; Decir que es ABORTO LEGAL es un engaño semántico.
¿Qué dice el Protocolo? Dice que no se necesita denuncia ni autorización policial o judicial, sólo la certificación de la causa por un profesional de la salud y, en caso de violación, una declaración jurada. También dice que “se debe respetar la privacidad y garantizar la confidencialidad” y que se sancionarán las demoras en la atención, las informaciones falsas o la negativa a realizar la interrupción del embarazo. El profesional objetor de conciencia debe notificar su voluntad por escrito y derivar a otro profesional que garantice su realización. En caso de emergencia, deberá realizarlo.
Establece que a partir de los 13 años una persona puede decidir por sí misma, y que las menores de 13 años deben tener autorización de madres, padres o representantes legales. Y detalla cómo debe realizarse: con medicamentos (misoprostol combinado con mifepristona o únicamente misoprostol), a través de la Aspiración Manual Endouterina (AMEU) o el raspado o legrado uterino. Comprende procedimientos hasta las 22 semanas de Gestación.
¿Dónde rige? Once Provincias han adherido al Protocolo: Chaco, Chubut, Jujuy, Salta, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Entre Ríos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Otras provincias (color gris) donde rigen otras legislaciones bastante condescendientes con el aborto son: Córdoba, La Pampa, Neuquén, Buenos Aires, Río Negro y Salta. El desafío es similar: en vez de ampliar la “garantías” para un aborto “seguro”, deben frenarse los avances.
El DESAFÍO de estas provincias, es trabajar para QUITAR el Protocolo ILE, en base a casos emblemáticos, como el del bebé que agonizó 10 horas en Entre Ríos, o Esperanza en Jujuy, que murió por esta “interrupción”.
En las demás provincias que NO tienen un protocolo de aborto: Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. Se debe blindar con legislaciones que eviten la adhesión al Protocolo, y deben saber de antemano que se querrán usar casos testigos para adherir como “emergencia” para dar el derecho a alguna mujer víctima.
GRAVEDAD
La aplicación de este Protocolo abortista, también llamado “protocolo de la muerte”, en cada vez más jurisdicciones, significa que -en la práctica- una legalización del aborto provincia por provincia. Es un hecho que su aplicación es irrestricta, no sólo se limita a mujeres embarazadas por violación, sino que a quienes así lo quieren, se les practica el aborto, con todo el aparato Estatal de Salud a su servicio. ¡Esto debe frenarse! Además de los vacíos legales, las contradicciones legislativas, las deficiencias del sistema de salud, la restricción al derecho a la Objeción de Conciencia, el delito de encubrimiento por los abusos sexuales no denunciados, ante los cuales los profesionales intervinientes toman conocimiento, etc. La lista podría seguir. En resumen; se requiere una presión socio-política al EJECUTIVO, ya que es de su voluntad el aplicarlo o dejarlo sin efecto en cada jurisdicción.
Si bien no hay registros de que se haya quitado el Protocolo en alguna Provincia, no significa que no se pueda hacer.

(*) La Lic. Ana Valoy es psicóloga social, integrante de EPASI (Equipo de Prevención del Abuso Sexual Infantil) y de Tucumán ProVida